Por PR en Tigre – 17 de AGOSTO. Corriente política
Es impotencia, es vergüenza y es certeza de que todos somos prisioneras y prisioneros en esta democracia que, a 50 años del último golpe militar genocida, no genera otra cosa más que insatisfacción.
Lo primero que debemos aclarar es que la República Argentina es un país con recursos, aun así, posee una precarización laboral que afecta a más del 42% de las trabajadoras y trabajadores, caracterizado por un aumento de la informalidad, con contratos de trabajo precario y caída del empleo asalariado formal, donde los salarios de la mayoría no cubren la canasta de pobreza.
Las niñas, niños y adolescentes (NNyA) de las barriadas populares, junto a sus familias se ven afectados por todo tipo de vulneración de derechos a causa de esta situación económica y social que se les obligada a abandonar la escuela para trabajar.
En el contexto pos pandemia se vio notablemente afectado el estado de salud mental, no solo de NNyA, sino de la población en general que mostró consumo problemático (adicciones), empujándoles a economías ilícitas, como son la prostitución, el narcomenudeo y la venta de contenido en redes sociales.
El estado es quien tiene la responsabilidad de garantizar los derechos económicos, sociales y culturales, porque así lo consagra nuestra Constitución Nacional en el artículo 75 inc 22 que conlleva la obligación de adoptar medidas inmediatas y progresivas hasta el máximo de sus recursos disponibles para lograr su plena efectividad. Esto implica respetar, proteger y cumplir los derechos, sin discriminación, prohibiendo medidas regresivas y asegurando un nivel mínimo esencial.
Cuando todo esto sucede no tenemos un problema jurídico, sino político, porque es el estado a través de sus políticas públicas, quien posee todas las herramientas para tratar los problemas que hoy atraviesa el conjunto de la población. Es el Estado el que toma la decisión de cómo se alimenta su población, de qué trabaja, que estudia, cómo vive y como muere.
La ley 20.744 que se sancionó durante el último gobierno de Perón (1974), fue donde se establecieron las normas fundamentales que regulan las relaciones laborales en el sector privado, definiendo los derechos y obligaciones de trabajadores/as y empleadores/as, como remuneración justa, jornada limitada, vacaciones pagas, protección contra el despido arbitrario, y deberes de seguridad y registración, buscando un marco de protección equitativo para el conjunto de la clase trabajadora. Esta ley fue la muestra cabal que la Argentina mantiene una sociedad con mayor equidad y justicia social.
Fue la dictadura quien comenzó con el proceso de sanciones regresivas, que quitó el capítulo destinado a la juventud, las escuelas de oficio, todos beneficios que en la actualidad, a casi 50 años de esa dictadura, se encuentran más amenazados que nunca. No es casualidad que el pretendido proyecto de Reforma Laboral este acompañado del proyecto para bajar la ley de imputabilidad de les adolescentes, se trata de que el régimen ha elegido a les jóvenes como el enemigo público.
Volvamos sobre la contradicción principal, las consecuencias que produce un modelo de ajuste, como es el modelo de Milei y Trump, no se resuelven con el Código Penal en la mano, sino con políticas públicas que tiendan a la restitución de derechos. Un párrafo también para la marcha de las jubiladas y los jubilados de todos los miércoles, que termina con los compañeros /as jubiladas golpeadas y el padre Paco con la cabeza rota. A modo de pregunta retórica ¿No sería de esperar que gente cansada de tanta violencia contra el pueblo comience a experimentar otras formas de lucha? porque las que existen está claro que no alcanzan.
Resulta contra fáctico discutir si eran o no infiltrados, discutir en estos términos solo conduce al desarme de nuestro pueblo.
En este sentido creo esencial incorporar al debate una tercera hipótesis y es que “la violencia en manos del pueblo no es violencia, es justicia”
