Por Rubén Alberto Crespo*
El gobierno, al instalar la agenda punitiva y la baja de edad de imputabilidad, pone en alerta al poder judicial que debe aplicar las políticas de encierro resueltas por el poder legislativo. 
El poder político que insiste como solución en que un niño sea punible como un adulto. Esto puede dar una sensación inmediata de respuesta pero no construye futuro y no reduce la violencia.
Este proyecto pone en alerta a los movimientos de Derechos Humanos y también a miembros del poder judicial que deben aplicar lo legislado sobre el derecho penal. Lo aplican los jueces de garantías, los jueces de instrucción y los jueces y juzgados de menores que no tienen como función reparar lo que el Estado no supo cuidar.
“Proteger a la sociedad no es solo sancionar, sino evitar que el daño ocurra”; intentan instalar socialmente a través de los medios hegemónicos que castigar más temprano es la solución y no tener en cuenta la cadena de violencia en la que vive una/n menor de cualquier clase social y del abandono sistemático por parte del Estado sin Políticas Públicas de contención.
Una respuesta contenedora del Estado a pibes y pibas abandonados/as y sin posibilidades de inserción social es el punto clave para empezar a pensar una solución y esto es político. Es la política la que tiene que dar esa respuesta y la clase política que hoy hay en la Argentina está muy lejos de entender de qué se trata.
Que podemos esperar de esos Chicos y chicas que llegan tarde a la Justicia, después de haber sido violentados/as en sus hogares, expulsados/as de la escuela, abandonados/as en las calles, consumidos/as por las drogas y, muchas veces, utilizados y utilizadas por adultos para delinquir.
Lo que se propone y se discute solo es bajar la edad imputabilidad, si la justicia siempre llega tarde y la única herramienta que tiene es el castigo, desaparecieron de la agenda pública las palabras, INCLUSION, PREVENCION, EDUCACION. Lo que el Estado no cuidó a tiempo y lo que se perdió en la infancia, la cárcel no lo devuelve.
“Cuidar a nuestros niños, niñas y adolescentes es de responsabilidad institucional. Nuestra Constitución en la reforma del año 1994 incorpora todos los tratados internacionales de Derechos Humanos y de los Derechos y Garantías de niños, niñas y adolescentes, esta es la única política seria de seguridad de una nación democrática y el objetivo debe ser intervenir antes, acompañar antes, sostener antes. El Estado debe estar presente siempre y más aún cuando todavía se puede salvar algo.
Desde el poder hegemónico y mediático se logró instalar en nuestra sociedad que plantear lo dicho es “garantismo” y que solo se defiende el derecho de los ¨chorros¨
Hoy, los pibes y pibas viven con una acumulación de violencia en todos los ámbitos que frecuentan y esto carga sobre sus espaldas, la respuesta no debe ser “castigar más temprano” sino “no abandonar tan temprano”.
*Abogado
