Con la confirmación de la condena y posterior proscripción de Cristina Fernández por parte de la Corte Suprema el pasado martes 11 de junio se abrió un convulsionado escenario político. Argentina: entre la democracia limitada y la resistencia popular.
Desconocer que el Poder Judicial es parte central de la capacidad que detenta el Estado Capitalista moderno de monopolizar el uso de la fuerza y la coerción punitiva es, a esta altura de los acontecimientos un acto de ingenuidad política incomprensible.
Si bien la “justicia“ es una valor social, la “administración burocrática“ de ese mismo concepto es una “relación de fuerzas” al interior de cada sociedad. Así, por ejemplo, en nuestro país Bartolomé Mitre que durante seis años ejerció la presidencia argentina y designó a los miembros de la primera Corte Suprema iba a ser acusado, procesado, juzgado y condenado por Traición a la Patria por ese mismo tribunal; pero obviamente cuando ya no era presidente. Claramente el Poder Judicial es, ni más ni menos, que el corazón del poder real.
Bastaría recordar que fue ese mismo supremo tribunal, tan afecto al lenguaje encriptado y prácticas gestuales de formas monárquicas, quien reconoció al primer Golpe de Estado de nuestra historia como un “Gobierno de Facto”, quienes aceptaron silenciosa y dóciles los Decretos–Ley firmados durante la última Dictadura o declararon “meramente enunciativos los derechos sociales consagrados en el Artículo 14bis” en pleno menemismo.
Sin embargo, al menos hasta hace unos días, la Justicia lograba presentarse frente a la sociedad como una institución permanente y apolítica. La validación de la vergonzosa condena y proscripción política a la más importante figura opositora puso fin, tal vez para siempre, de esta farsa. El poder judicial es, ni más ni menos, parte del poder al cual las clases populares deberemos enfrentar y derrotar para lograr imponer la profunda agenda de transformaciones que nuestro pueblo reclama.
Aún hoy, y a pesar de la convulsión política que la ratificación de la sentencia desató, hay 49 causas judiciales más que la tienen a Cristina como imputada o procesada; todas ellas radicadas en los tribunales de Comodoro Py. Es decir, un plan sistemático de persecución judicial que, encarnada en la figura de Cristina, lo que busca en disciplinar todos los proyectos políticos que intenten desmontar los viejos privilegios de las minorías parasitarias que subyugan y empobrecen a nuestro pueblo. De allí que la reacción popular no pueda ser otra que la movilización popular activa como paso previo a la construcción de un programa político que permita frenar y derrotar al neo-fascismo gobernante.
La movilización del miércoles 18 debe ser el primer paso en esa larga marcha que no podrá tener otro destino que la unidad de todo el campo nacional y popular en pos de un proyecto emancipador.
Esa será la verdadera justicia. La del pueblo empoderado.
Desgraciadamente estamos ante un gobierno farsante, por lo tanto a una corte qué responde a esa farsa. El soberano salió a la calle, con el poder qué ello implica.
Gracias por la nota, informativa y clara!
Creo que el mayor desafío que tendrán los gobiernos democráticos de VERDAD, será reorganizar el Poder Judicial con nueva legislación sobre su elección y funcionamiento.